Enfrentamiento entre la DSA y LULAC ante el proyecto regulatorio HR 5230 de Venta Directa en EE.UU

La venta directa, un sistema comercial que genera cientos de millones de dólares anuales y que da trabajo, parcial o total, a millones de personas en todo el mundo, a día de hoy no cuenta con una regularización que controle su funcionamiento y el de sus participantes. Esto hace que genere muchas dudas  entre los no partidarios de este sistema comercial, proporcionando a su vez una difusión de temor a las personas que pretenden adentrarse en él o simplemente adquirir los productos que se ofrecen mediante esta industria en sus diversos sectores.

En Estados Unidos, principal mercado mundial de este tipo de negocio, para evitar esto, la Asociación de Venta Directa (DSA) a través de su presidente, Joseph N. Mariano, ha estado luchando desde hace años por conseguir la regularización de este sistema de venta, que ofrezca unas normas y una protección del consumidor frente a algunas empresas y su mala práctica, evitando con ello, la proliferación de sistemas piramidales o Ponzi, que tanto daño provocan en los consumidores y a la propia venta directa.

Actualmente parece que este camino recorrido puede llegar a su fin con la introducción del proyecto de Ley HR 5230 a nivel federal, que establece claramente dos puntos:

  • La existencia evidente de un esquema piramidal cuando se compensa a los participantes principalmente por reclutar a otros participantes, en lugar de por las ventas al por menor.
  • Es una práctica comercial legítima, no es evidencia de un esquema piramidal, cuando los participantes compren cantidades razonables de productos para su propio uso.

Los esquemas piramidales se han procesado con éxito bajo la ley federal desde hace décadas, y esta legislación no hace nada para disminuir o cambiar la autoridad de la FTC. Sin embargo, la legislación federal no puede distinguir el comportamiento legítimo del fraude, a pesar de que 49 estados ya tienen leyes que prohíben los esquemas de pirámide, numerosas decisiones judiciales han utilizado la misma definición de un esquema que HR 5230 pretende aprobar a nivel federal, y mucho más de un tercio de los estados tienen en vigor leyes anti-pirámide que sancionan explícitamente el uso personal.

La idea de este proyecto legal HR 5230, parte de una medida bipartidista apoyada por 30 miembros del Comité Hispano del Congreso, Comité Negro del Congreso,  Comité de Energía y Comercio y la venta directa Caucus– cuyo objetivo es avanzar en la protección del consumidor, consiguiendo por primera vez una definición clara, a nivel federal, de lo que es un esquema piramidal. Este es un objetivo sencillo que promueve la protección de los consumidores y representantes de la industria, tal y como se ha defendido durante décadas, consiguiendo con ello una mayor transparencia en torno a lo que constituye el fraude y siendo útil en la lucha contra él.

Por su parte Joseph N. Mariano, ya realizó en su día un artículo en el que mostraba su opinión y daba su idea sobre lo que significaba la aprobación de este Ley.

Como en todo proyecto legal, no todos los implicados por su posible aprobación están de acuerdo con el contenido y sus formas. Las contradicciones en el proyecto de Ley con algunas sentencias anteriores y los intereses de uno de los principales colectivos implicados en el negocio de la venta directa han hecho que salten las primeras discrepancias entre ambas partes.

A estos comentarios y otros por parte de la DSA, no se ha hecho esperar la réplica de Brent Wilkes, Director Ejecutivo Nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la mayor y más antigua organización hispana en EEUU. El cual ha escrito recientemente un artículo de opinión en el periódico digital ‘univisión’.

Hay que recordar el 20 por ciento de los trabajadores estadounidenses que se involucran en la venta directa son latinos.

Según sus palabras la aprobación de esta Ley supondría un grave quebranto a todo lo acontecido anteriormente, perjudicando notablemente a la población latina que supone el grueso de los participantes en esta industria en Estados Unidos, con una proporción de 2 a 1.

 

Artículo Completo

Actualmente se encuentra pendiente en la Comisión de Recursos Energéticos y Comercio de la Cámara de Representantes el proyecto de ley H.R. 5230, que apunta a ilegalizar 40 años de casos legales en donde se identifica muy claramente lo que constituye fraude en la modalidad de “pirámide”, que además protege a los consumidores de tales prácticas fraudulentas. El proyecto de ley está respaldado por la Asociación de Ventas Directas (DSA por sus siglas en inglés), que incluye a miembros como Herbalife cuyo modelo de negocio depende básicamente del fraude en la modalidad de piramidal para existir.

Críticamente, el H.R. 5230 eliminaría las protecciones antipirámide que requieren que las empresas garanticen que las ventas de los distribuidores se hagan principalmente a clientes fuera de la red de distribución. En lugar de ello, les da a las organizaciones de mercadeo multinivel (MLM, por sus siglas en inglés), permiso para comprar y reclutar comportamientos que las cortes han identificado claramente como fraude en la modalidad piramidal. Tales modificaciones a la ley diluyen los límites entre las MLM –que son legales– y el fraude en la modalidad de pirámide, que no lo es.

Los cambios previstos por este proyecto de ley permitirían una nueva oleada de fraudes piramidales con el consecuente daño a los consumidores, quienes serán atraídos a participar en programas sin ninguna oportunidad de éxito. Esencialmente los consumidores serían forzados a invertir importantes cantidades de dinero en un negocio cuyo único propósito es enriquecer a aquellos que se encuentran arriba de la pirámide. Tenemos a Herbalife, en donde hasta el 88% de los distribuidores no consiguieron ganar algún dinero, y aun muchos de ellos perdieron todo lo invertido. Curiosamente Herbalife reportó ganancias récord.

Bajo la presente ley, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) está en capacidad de enjuiciar tal conducta fraudulenta. En relación con Herbalife, recientemente la FTC investigó y consideró ilegales las prácticas fraudulentas tipo pirámide. Luego, se negoció un acuerdo económico con Herbalife que significó un cambio en la modalidad de conducir sus negocios, además del pago de 200 millones de dólares a los consumidores que habían sido víctimas del fraude. Desafortunadamente, esto no hubiera sido posible si el H.R. 5230 fuera una ley vigente. Si el proyecto se convierte en ley lo que haría sería eliminar el enjuiciamiento a las más deshonestas formas de fraude piramidal. Muchas compañías podrían diseñar esquemas tipo pirámide y usar el modelo de negocio de las MLM como fachada, y los consumidores serían las víctimas.

En los Estados Unidos, los dueños de negocios son latinos en proporción de 2 a 1, frente a los no latinos. El espíritu emprendedor es parte importante de la cultura latina; pero, por supuesto, tal entusiasmo conlleva un riesgo. LULAC está particularmente preocupada porque los empresarios latinos son muy susceptibles de caer en la trampa del fraude piramidal. Nos basamos en experiencias pasadas, por ejemplo en el 2013 el 60% de los distribuidores de Herbalife eran latinos, y muchos de ellos perdieron su dinero. De nuevo, LULAC trabajará en conjunto con los promotores de la protección al consumidor en EEUU, a fin de pelear para que esta ley no pase. Cualquier nueva legislación que envuelva esquemas tipo pirámide necesita garantizar que aquellos que invierten su dinero y están dispuestos a trabajar muy duro tengan la real oportunidad de obtener un retorno y beneficio a sus esfuerzos, transformándose de esta manera en legítimos empresarios.

Anteriormente a este comentario de Wilkes, el presidente de la DSA, escribía en la web oficial de este organismo las siguientes palabras: “LULAC ha de tener una mirada a las motivaciones que sustentan sus posiciones políticas para determinar si su interferencia en el mercado de la venta directa está ayudando – o lastimando – los componentes que afirma que quiere proteger”.

Todo esto parece haber abierto una batalla que debería de resolverse entre ambas partes, llegando a un acuerdo y ajustando el proyecto legal a las necesidades tanto del consumidor como de las personas involucradas en el negocio, buscando con ello  el bien de la comunidad y de la industria de la venta directa.

Fuente.: Multinivelzgz

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar