Las Autoridades comienzan a estudiar la regularización de la economía colaborativa

Que la economía colaborativa es una nueva tendencia comercial en pleno auge, es una cosa que cada vez está más clara. Pero este entorno cambiante con respecto a la economía tradicional deja todavía muchas preguntas sin respuesta y muchas dudas que producen un marco no regularizado.

Estas lagunas legales, que se están produciendo están haciendo que los distintos Gobiernos comiencen a estudiar nuevas normas que regularicen el nuevo sistema comercial, evitando con ello el enfrentamiento entre los defensores y detractores de este sistema, que día a día tiene un mayor crecimiento en la sociedad.

Una de las órganos gubernamentales, que se ha adelantado a esta regularización es la Generalitat de la Comunidad de Cataluña (España), que puso en marcha en  2014 un grupo de trabajo para estudiar cómo poner orden a la emergencia de nuevos negocios en los que los productores de los servicios son los propios ciudadanos de manera individual.

Recientemente el Consell Executiu dio luz verde a su estrategia, que se basará en normativas sectoriales: esto significa que, en vez de tratar la economía colaborativa en su conjunto, se incluirán las nuevas actividades que en ella se encuadran en la regulación de cada sector –contemplando materias laborales, fiscales, de derechos de los usuarios– de forma que se garantice la competencia leal entre los diferentes modelos de prestación de servicios.

De momento se ha establecido este marco general –el primero que se crea en el Estado español–, y el Govern ha aprobado la creación de una comisión interdepartamental, que será la interlocutora entre la Administración y todos los agentes de cada sector: los modelos de negocio tradicionales, los nuevos colaborativos, los usuarios… Será cada mesa sectorial la que se encargue de definir los criterios de actividad y sus obligaciones.

Esta comisión interdepartamental se compromete a tener dentro de un año un informe detallado con propuestas a desarrollar. Inicialmente, abordará el sector turístico y la movilidad, pero este marco permitirá tratar la economía colaborativa en los otros sectores en los que aparezcan iniciativas, como el inmobiliario y los alquileres comerciales; el comercio de segunda mano; telecomunicaciones, energía, servicios financieros, educación… En esta línea, el secretario d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, explicó que los temas concretos de turismo se incluirán ya en el decreto de alojamientos turísticos que está en marcha.

“No podemos vivir la economía colaborativa como un elemento que lo distorsiona todo, porque estos modelos han aparecido para quedarse. Pero no puede ser un terreno sin normas de juego”, valoró Aregio.

Tras este año y medio de trabajos y de estudiar las diversas iniciativas que toman otros gobiernos europeos, la Generalitat ha concluido que las obligaciones recaen en los particulares que se convierten en agentes productores y reciben por ello una contraprestación económica.

El tema será definir, en cada caso, qué es una actividad particular y qué es empresarial. Por ejemplo: no es lo mismo desprenderse de una bici en Wallapop, que vender cien bicicletas a través de la misma plataforma.

En el caso turístico, y sin que sea una referencia a seguir, Londres ha regulado que alquilar una vivienda como máximo 90 días al año no es actividad empresarial: eso no significa que no deba pagar sus impuestos correspondientes -que sí-, sino que no es necesario que cumpla la regulación exigida a los negocios de alojamiento turístico.

La Generalitat pretende establecer acuerdos de colaboración con las plataformas, que entiende que son sólo las herramientas tecnológicas que permiten que una actividad de intercambio que históricamente ya existía, tenga el actual crecimiento exponencial.

Así, a las plataformas “se les pondrán obligaciones”, dijo Aregio, como agentes colaboradores de la Administración, que aporten información sobre sus usuarios cuando se lo requiera (como ya se hace, por ejemplo, en Amsterdam).

Sin embargo, el debate en este ámbito –decidir si las plataformas son editores o carriers, y por tanto cuál es su nivel de responsabilidad–, está todavía en manos de la Comisión Europea, en la revisión de la directiva de comercio electrónico.

La Generalitat pretende igualmente que de las mesas sectoriales salgan códigos de buenas prácticas.

 

Fuente .: lavanguardia

Translate »

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar